Es sintomático que cuando la sociedad reclama justicia, una parte de la clase política solo esté preocupada por sellar los pactos de impunidad y por vacunarse en salud contra cualquier acción que ponga en riesgo la impunidad. Eso que les parece normal es severamente cuestionado por la opinión crítica y genera grandes dudas en la opinión internacional.
Si algo ha dañado el prestigio y la legitimidad del régimen político son los casos evidentes de impunidad. Cuando la gente se da cuenta de que alguien que, a todas luces ha cometido un ilícito es protegido, se genera una enorme desconfianza. Cuando se hace ostentación del poder y la impunidad se daña profundamente a las instituciones. Como lo dijo alguna vez Tayllerand: "Señor, eso es peor que una inmoralidad, es un error político".
Lo mismo ocurre con la persecución. Cuando el poder se usa ilegal e ilegítimamente para perseguir a un adversario político, de nuevo el poder se deslegitima. En vez de verse poderoso, se le juzga injusto. No parejo. Parcial. Faccioso.
Los pactos de impunidad y las persecuciones políticas no son hechos que ocurren de vez en cuando. En realidad son tan frecuentes y vienen de tan atrás que, cuando suceden, no hacen sino confirmar la muy mala opinión que tiene una gran parte de la sociedad sobre los políticos. De no contenérseles, dañarán irreversiblemente a las instituciones.
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Urge que la sociedad y la política salgan del falso dilema de proteger la impunidad o incurrir en un acto de persecución política. La justicia rompe el falso dilema. En un país donde la realidad está tan alejada de la norma, la mejor manera de hacerlo es actuando.
Extraído de "Justicia: ni persecución ni impunidad"
del periódico El Universal, 06/06/11
Autor: Manuel Camacho Solís
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